Exlegisladores de la Unión Cívica Radical enviaron este lunes una carta a integrantes de la Cámara de Senadores de ese espacio político para pedir el “rechazo” de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, el megaproyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que tiene media sanción en Diputados y por estos días se discute en comisiones de la Cámara alta.
“Nos dirigimos a los senadores nacionales identificados con la Unión Cívica Radical por un imperativo moral: el rechazo de la iniciativa legislativa”, expresaron.
En la misiva citan parte del histórico discurso que el ex presidente Raúl Alfonsín brindó en Parque Norte: “La Argentina afronta la necesidad de construir un futuro capaz de sacarla de largos años de decadencia y de frustraciones. Frente al fracaso y el estancamiento hemos propuesto el camino de la modernización ética para el desarrollo de una democracia solidaria, participativa y eficaz. No se trata de modernizar con arreglo a un criterio exclusivo de eficiencia técnica; sino tender a un proceso modernizador que tienda progresivamente a incrementar el bienestar general”.
Luego afirman que la Unión Cívica Radical “ha defendido desde siempre el sistema republicano, representativo y federal”, advierten más adelante para recordar que esa fuerza política integró la Convención Nacional que reformó en 1994, la constitución histórica de 1853/1860, “estableciendo en su artículo 99 inciso 3) que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo…’”. En ese punto cuestionan la pertinencia del DNU 70/2023, el otro proyecto fundacional del Ejecutivo.
Con un mensaje direccionado hacia senadores y senadores, señalan: “Ustedes tienen por delante una tarea trascendente: convencer a los miembros del Senado y a los conciudadanos, en el debate parlamentario, las razones que justifican el rechazo de la iniciativa de ley mientras se mantiene vigente un DNU manifiestamente inconstitucional, reafirmando la potestad de control que le asiste al parlamento argentino; los fundamentos que justifican oponerse a todo intento de delegar facultades legislativas en el poder ejecutivo y simultáneamente la importancia de defender nuestra Constitución”.

Privatizaciones y paquete fiscal

“La desburocratización, que busca liberar fuerzas contenidas por una cultura corporativa, no implica necesariamente privatización en el sentido vulgar de los reclamos de los ultraliberales.
Es preciso que denuncien que las privatizaciones se impulsan con la clara intención de vaciar y destruir empresas del estado, todas las cuales admiten ser saneadas en tanto cumplen un fin social”, manifestaron en otro tramo de la misiva.
“Hemos aprendido de las experiencias impulsadas por Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández vinculadas a los DNU y la permanente obsesión por la delegación legislativa, por lo que no cabe insistir con herramientas que distorsionan principios republicanos. No es argumento sostenible decir que ‘al Gobierno hay que concederle la emergencia económica como la tuvieron todas las gestiones anteriores…’”.
En tal sentido, advirtieron que “la delegación administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año con la posibilidad de prórroga es excesiva y lesiva a los mecanismos de control”.
“El paquete fiscal moldea un futuro que nos incómoda porque no hay un plan productivo, no se tienen en cuenta las necesidades sociales; repiten los fracasos del pasado, los agravan reemplazando nuestra jurisdicción por tribunales internacionales”.
“Los radicales impulsamos la ley de reordenamiento sindical con el ánimo de democratizar sus organismos. Fue precisamente el senado el que nos impidió avanzar en ese sentido. Ahora la ampliación del período de prueba conlleva a una sensible afectación a la estabilidad laboral del trabajador; la quita de la llamada “cuota solidaria” es incomprensible. Sin solidaridad no se construye ninguna sociedad estable y el primer deber que nos impone la ética de la solidaridad es incorporar al trabajo común a todos aquellos que, sin renegar de su historia, se sientan convocados; pensando en primer término en quienes fueron condenados por políticas injustas a la miseria y a la marginalidad”.
“Asistimos a una coyuntura institucional en la que se torna imperioso que la Unión Cívica Radical abandone el ostracismo y adquiera protagonismo. Sus legisladores deben ser ejemplo de independencia y resistencia al embate anarcolibertario, defendiendo los principios de la socialdemocracia. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado; la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado”.
La Carta Abierta fue firmada, entre otros, por Luis Alberto “Changui” Cáceres, Federico Storani, Juan Manuel Casella, Ricardo Terrile, Lucía Alberti, Pedro Novau, Antonio María Hernández, Juan Fernando Armagnague, Conrado Hugo Storani, Roberto SanMartino, Juan Pablo Baylac y Jorge Orozco.