En una jornada de fuertes tensiones políticas, la Cámara de Diputados quedó a un paso de habilitar el debate sobre la Ley de Ficha Limpia, un proyecto que busca prohibir la candidatura a cargos públicos de personas con condenas penales en segunda instancia. Con solo 128 legisladores presentes, faltó un diputado para alcanzar el quórum mínimo de 129, frustrando así la sesión.

La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y parte de la Coalición Cívica, establece que quienes hayan sido condenados por delitos como enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública o encubrimiento, no puedan postularse para cargos públicos. De aprobarse, esta normativa impactaría directamente en la situación de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
El oficialismo y sus aliados no lograron reunir los votos necesarios para avanzar con el debate. “Faltó un solo diputado para abrir la sesión”, lamentaron desde la oposición, que había solicitado la convocatoria para tratar el proyecto el pasado 15 de noviembre.
Claves de la Ley de Ficha Limpia
La propuesta apunta a modificar los requisitos de elegibilidad para cargos públicos, inspirándose en legislaciones similares adoptadas en otros países de la región. Entre los puntos destacados se incluyen:
La imposibilidad de ser candidato para personas con condenas penales en segunda instancia.
La aplicación de estas restricciones a delitos graves, como enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude contra la administración pública.
La necesidad de una mayoría calificada para su aprobación, dado el impacto en las leyes electorales vigentes.
El bloque PRO, encabezado por Cristian Ritondo, lideró los esfuerzos para impulsar la media sanción del proyecto, que cuenta con el respaldo de sectores libertarios, la CC y la UCR. Sin embargo, aún persisten diferencias dentro de los espacios opositores sobre algunos aspectos técnicos del texto.
Implicancias políticas del proyecto
La Ley de Ficha Limpia no solo busca limitar el acceso a cargos públicos de personas condenadas, sino también reforzar la transparencia y la credibilidad del sistema electoral. De ser aprobada, tendría un impacto político significativo, especialmente para figuras como Cristina Kirchner, cuya condena en segunda instancia la dejaría fuera de futuras contiendas electorales.
La falta de quórum en esta oportunidad pone de manifiesto las divisiones políticas en el Congreso, mientras el debate sobre esta controvertida ley sigue pendiente.