El cierre de los datos de noviembre confirmó que el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) benefició principalmente a provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada. Durante ese mes, se alcanzó una cifra récord de $20.500 millones distribuidos entre cinco distritos: Catamarca y Jujuy recibieron $3.000 millones cada una; Misiones, $ 4.000 millones; Tucumán, $ 4.500 millones; y Salta, $ 6.000 millones.
Los gobernadores de Tucumán (Osvaldo Jaldo), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz) y Misiones (Hugo Passalacqua) han colaborado con el oficialismo en el Congreso, especialmente al apoyar el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo. Según un informe de Politikon Chaco, en lo que va del año se han asignado $ 49.800 millones en ATN, dejando un remanente de $ 562.830 millones aún sin distribuir, a pesar de los insistentes pedidos de los mandatarios provinciales para que estos fondos sean asignados antes de que termine el año.

El fondo de los ATN, compuesto por el 1 % de la masa coparticipable, está destinado a atender emergencias financieras provinciales. Sin embargo, solo se ha utilizado el 8,1 % del total disponible ($ 612.630 millones), uno de los niveles más bajos desde el año 2020. Entre enero y noviembre, diez provincias recibieron ATN, destacándose Misiones ($ 13.000 millones) y Entre Ríos ($ 6.800 millones).
En contraste, distritos como Formosa, La Pampa y La Rioja, cuyos gobernadores han sido críticos de la gestión de Javier Milei, experimentaron caídas superiores al 9% en transferencias discrecionales. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los envíos aumentaron un 8,6 %, debido a la medida cautelar de la Corte Suprema relacionada con la deuda de coparticipación federal.
Por otro lado, los gobernadores de Pro y la UCR han reclamado al ministro de Economía, Luis Caputo, el cumplimiento de giros para las cajas de jubilaciones no transferidas y el pago de compensaciones del Consenso Fiscal 2017. También pidieron la distribución equitativa del remanente del fondo de ATN. Sin embargo, el ministro rechazó estas demandas, lo que intensifica las tensiones entre las provincias y el Gobierno nacional, especialmente ante la falta de definición sobre un nuevo presupuesto para 2025.

El vínculo entre la Nación y las provincias sigue siendo un terreno de conflicto, con temas pendientes que reflejan la discrecionalidad en el manejo de los recursos y el impacto político de las decisiones presupuestarias.