Tras el juicio que comenzó en 2021 y concluyó en 2022, las condenas fueron confirmadas por la Casación Penal y luego por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Las acusaciones incluyeron delitos en casos como “imprentas”, “Cumbre del Mercosur”, contratación de cartelería en rutas, la causa “Buffa”, y un parador en Mar del Plata.

Estas trataban sobre contrataciones amañadas durante el mandato de Urribarri, beneficiando a familiares y allegados.

Desde el 19 de abril de 2024, los defensores de Urribarri han desplegado numerosos recursos y recusaciones para frenar el cumplimiento de las condenas, provocando una batalla judicial que ha retrasado cualquier decisión final.

El 24 de abril de 2024, el abogado Fernando Burlando asumió la defensa de Urribarri, anunciando denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Justicia Federal.

Los continuos recursos y recusaciones han llevado a la reconfiguración de los tribunales varias veces, prolongando el proceso judicial.

Causa de Coimas y Enriquecimiento Ilícito

Además de la condena principal, Urribarri enfrenta otros cargos. En la causa “Coimas”, se lo acusa junto a otros funcionarios y empresarios de recibir sobornos a cambio de licitaciones. En esta causa, Urribarri podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

En la causa por enriquecimiento ilícito, iniciada en 2015, se detectó una diferencia patrimonial significativa a favor de Urribarri. La investigación fiscal concluyó en octubre de 2022 y se pidió la elevación a juicio.

Las decisiones judiciales y los recursos presentados han llevado a múltiples apelaciones y recusaciones.

A lo largo de estos procesos, la defensa de Urribarri ha utilizado numerosos recursos legales, prolongando los procedimientos judiciales y aumentando los costos asociados.

Estos complejos procesos judiciales reflejan un uso intensivo de las herramientas legales disponibles, destacando las diferencias entre el uso legítimo y el abuso de los recursos de defensa.