Los imputados como "testaferros" negaron los hechos
La apertura de causa por enriquecimiento ilícito que se sigue en Tribunales al exgobernador Sergio Urribarri dice: “Desde el 01/01/08 hasta el 31/12/15, periodo en el que Sergio Daniel Urribarri se desempeñó como funcionario público (Gobernador y luego como Diputado de la provincia de Entre Ríos), incrementó de manera desproporcionada su patrimonio, en relación a los ingresos percibidos, por un monto de $11.546.771,92; 7.245.441,02 de dólares y 16.300 euros, conforme surge del informe pericial contable de Romina V. Stepanic Pouey y Cristián Dumé y la evidencia colectada en el legajo.
Para lograrlo, se valió de Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, quienes actuaron en calidad de persona interpuesta para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”.
Urribarri prestó declaración indagatoria en esa investigación penal el miércoles 15 ante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, asistido por sus abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen. Este viernes lo hicieron, a las 9, Rubén Ángel Martínez, un empresario porteño ligado al club Boca Juniors, a quien lo representan los abogados Candelario Pérez y Tomás Vírgala; y, a las 11, el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, a quien representan Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ninguno de los dos -ni Martínez ni Cardona Herreros- reconocieron los hechos que les imputa la Fiscalía, y los negaron de forma enfática, por lo que el trámite no se extendió más allá de entre 15 y 20 minutos.
Martínez es un personaje secundario en la historia. Poco se sabe de él. El periodista Daniel Enz cuenta de él en El Nido. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos: «Fue Ricardo Sabán -dirigente de Boca Junios- quien le presentó a Urribarri a Rubén Ángel Martínez, nacido en Avellaneda (Buenos Aires), en 1952, aunque en la actualidad vive en calle Austria, entre French y Peña, en Capital Federal. La relación es por lo menos desde 2003, según los más conocedores. Martínez y Sabán aparecen como socios en dos empresas: Sigmesur SA y Cladd Amis SA. Ambas se dedican al negocio de procesamiento de datos como hardware y software. Pero a la vez Martínez también estaba vinculado a Boca Juniors. El mencionado Sabán es dueño además de la Inmobiliaria Sabán, Crédito Fácil SRL y la última empresa que creó fue Orangedata SRL, en abril del 2017, también ligada al negocio de sistemas informáticos. Fue tan importante la relación de Martínez con los Urribarri que las hijas del porteño, Aldana y Jennifer, siempre le dicen “tío Pato” al exgobernador. Y lo mismo pasaba con Mauro o Bruno, cuando se encontraban con Martínez. Le decían “tío”, como una cuestión de afecto. Pese a su rol de mandatario, Urribarri se organizaba incluso para estar en los cumpleaños de las jóvenes o del mismísimo Martínez, quien hace ya varios años quedó viudo».
Así pues, de los dos “testaferros”, el más conocido y nombrado es Cardona Herreros por cuanto su empresa, Relevamientos Catastrales SA, fue proveedora de software en las dos administraciones de Urribarri, contrataciones que fueron puestas bajo la lupa de la Justicia y por la que se abrió una causa por supuesto pago de “coimas”.
La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.
Allí, se investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “con el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”, la empresa de Cardona Herreros en diversas contrataciones desde el Estado entrerriano. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia, según se desprende de la investigación fiscal.
La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios. En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
En esa investigación -la de enriquecimiento arrancó en 2015, tras una denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet-, en mayo de 2022, un mes después de que Urribarri fuera condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, el entonces juez de Garantías Mauricio Macelo Mayer -hoy miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná- dictó el sobreseimiento del exgobernador al amparo del denominado «fallo Cozzi» de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El pronunciamiento de Mayer fue volteado por su ahora colega Elvio Osir Garzón tras la apelación de la Fiscalía, y el caso llegó hasta la Cámara de Casación Penal, que en octubre trabó la vía recursiva. También la Sala Penal del STJ le negó la apelación a los abogados de Urribarri que, luego, fueron con un recurso extraordinario federal para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En medio, se coló un fuerte cruce entre uno de los vocales de la Sala Penal, Daniel Omar Carubia, y el Procurador General, Jorge García, que le sugirió que debía excusarse y no intervenir en el caso.
De modo que estos dos casos que unen a Urribarri con el empresario Cardona Herreros están con final abierto: la causa por enriquecimiento y la investigación penal por supuesto pago de coimas. En esta última, hay un pedido de la Fiscalía para que se remita a juicio, pero esa petición duerme el sueño de los justos. (I:Analisis)
