Este decreto no es más que una cortina de humo que oculta la verdadera intención del Gobierno: limitar el escrutinio público y acallar a la prensa, a las organizaciones civiles y a los ciudadanos que demandan transparencia en la gestión de los asuntos del Estado. Milei, quien llegó al poder prometiendo un cambio y mayor libertad, ahora demuestra que su concepción de “libertad” es unilateral y autoritaria, reservada solo para él y su círculo de poder.
La decisión de clasificar como “privados” hechos que ocurren en la Quinta de Olivos, como reuniones o visitas íntimas, es particularmente alarmante. En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de saber quiénes influyen en las decisiones de gobierno, y esta opacidad no hace más que sembrar sospechas y desconfiar de la administración. Lo que Milei pretende ocultar con estas reuniones y qué decisiones se toman en la sombra es una pregunta que, a partir de este decreto, probablemente quedará sin respuesta.
El decreto también limita el acceso a los “papeles de trabajo” y “deliberaciones preparatorias”, lo cual significa que las discusiones internas que preceden a las decisiones de gobierno, y que son cruciales para entender el proceso de toma de decisiones, serán vedadas al público. Esta medida no solo socava la transparencia, sino que también destruye cualquier posibilidad de fiscalización sobre cómo se están manejando los asuntos públicos.

Más preocupante aún es la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo se arroga el derecho de decidir qué información es de interés público y cuál no. Esta autodefinición caprichosa pone en manos del gobierno la capacidad de ocultar información bajo la excusa de que no tiene “valor comercial” o debe mantenerse secreta por razones que solo ellos consideran razonables.
El blindaje de 10 años sobre información confidencial es otro golpe a la transparencia. Esta medida, que aparentemente busca proteger secretos de Estado, en realidad ofrece una pantalla para que la administración actual evite rendir cuentas sobre decisiones que podrían tener consecuencias a largo plazo, dejando a futuras generaciones en la oscuridad sobre los manejos y decisiones del presente.
En resumen, este decreto es una afrenta a la democracia y un retroceso hacia una administración opaca y autoritaria. Lejos de promover la transparencia y la participación ciudadana, Milei está construyendo un muro de secretismo que pone en peligro el derecho de todos los argentinos a estar informados sobre las acciones de su gobierno. Esta no es la libertad que se nos prometió; es una burla a los principios democráticos en los que se basa nuestra nación.