Opinión
Como funcionario del gobierno entrerriano entiendo que el conflicto suscitado en el campo �SCasa Nueva⬝, en Santa Elena, es un asunto que concierne a la familia Etchevehere, en tanto se trata de esclarecer y resolver los derechos sucesorios de una herencia familiar. El caso está judicializado y somos respetuosos de lo que analice y concluya el Poder Judicial. Me parece imperioso aclarar este punto.
No obstante, sé que la forma que ha tomado la colisión de intereses en juego, el momento en el que sucede, la visibilidad pública de los actores involucrados y el interés que han puesto los medios nacionales en el tema, es un combo que moviliza la discusión en la sociedad sobre los más diversos temas.
En este sentido, también me parece importante decir que no se está discutiendo el derecho a la propiedad privada en el país ni en nuestra provincia y que -al igual que el gobierno nacional- condenamos la usurpación y la toma de tierras en cualquiera de sus formas. Juré con la mano en la Constitución y eso me define.
Asimismo, este gobierno del que formo parte jamás asumirá actitudes antidemocráticas. No cuenten con nosotros para apartarnos de la Justicia. La vocación de diálogo y la búsqueda de acuerdos es un sello del gobernador Gustavo Bordet y el apego a la ley es innegociable para este gobierno.
Pido mesura a toda la dirigencia. Nada se resolverá con gritos ni con agresiones que elevan la temperatura del conflicto y sólo sirven para confundir a la ciudadanía. Los entrerrianos elegimos tratarnos con respecto y este gobierno que integro es un ejemplo. Las agresiones verbales en nada ayudan si el verdadero objetivo es obtener una solución.
Es la Justicia la que trabaja para obtener una solución y es un deber ético, moral y constitucional respetar su sentencia.
El Estado de Derecho está vigente y saludable en Entre Ríos, lo que garantiza y preserva la propiedad privada. Respetar las decisiones del Poder Judicial es un deber y una obligación de todo ciudadano de bien.
