Por eso, el proyecto establece la capacitación obligatoria en salud mental a todo el personal de las fuerzas de seguridad, de educación y de salud del ámbito nacional, provincial y municipal, del sector público y privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, y entendiendo a la salud mental como un derecho humano fundamental.
Este proyecto se presenta entendiendo que hay un déficit en la respuesta concreta a situaciones de emergencia en salud mental, y con el objeto de lograr la capacitación y formación que permita una coordinación y articulación de todas las áreas para lograr abordajes adecuados y medidas concretas que salvaguarden los derechos de los pacientes, según establece la Ley de Salud Mental.

En sus fundamentos, el proyecto presentado por la Diputada Gaillard expresa que “tiene como objeto establecer la capacitación obligatoria de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 a todos los efectores del sistema de salud, a todo el personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa en su totalidad, sea del ámbito público como del ámbito privado. Estará dirigida a todas las personas que se desempeñen en el sector público, en todos sus niveles y jerarquías, definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156; en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación; y en los Ministerios Públicos, así como en el sector privado, en las áreas mencionadas específicamente”.
También sostiene que “el proyecto surge de la necesidad de promover y garantizar la formación, capacitación a todos aquellos actores involucrados en la implementación de la Ley de Salud Mental, en las áreas de salud, seguridad y educación. Entendemos que la actual normativa de salud mental es de suma importancia, que ha sido reconocida en el mundo como un modelo a seguir por su perspectiva en derechos humanos y el cambio de paradigma que ha impulsado. No obstante ello, ha recibido múltiples críticas otorgándole responsabilidad a la ley por la imposibilidad de dar respuestas a las falta de solución a las internaciones involuntarias, y una atención adecuada a los tratamientos por consumos problemáticos, intentos de suicidios etc., en ese sentido ha habido múltiples intentos para modificarla. Sin embargo, consideramos que gran parte del problema no está en la ley en sí misma, sino en la falta de conocimiento y formación sobre la misma, en la falta de articulación y coordinación entre los efectores del sistema de las distintas áreas, como en la ausencia de recursos o readecuación de los mismos para una implementación”.

En este sentido, la diputada nacional expresó que “si las fuerzas de seguridad hubiesen tenido la capacitación necesaria para saber cómo actuar en el caso de Ariel Goyeneche, él estaría probablemente con vida, porque fue tratado como un delincuente cuando se trataba de una persona con un padecimiento de salud mental”.

Este proyecto de ley implica también que la atención en salud mental no esté centrada únicamente en las principales ciudades donde existe mayor concentración de profesionales, sino que por el contrario, busca incorporar una perspectiva federal integrada, con el objetivo que las provincias y sus municipios accedan, en igualdad de condiciones a contar con personal capacitado e idóneo para dar respuestas oportunas a la gran cantidad de demanda.

Desde esa perspectiva, el proyecto impulsado tiene como finalidad contribuir a que se garanticen aspectos centrales como buenas prácticas respecto de las medidas no coercitivas, la inclusión de la comunidad y el respeto de la capacidad jurídica de las personas, es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida.
Además, en su articulado, el proyecto establece que “El Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante campañas de concientización a través de los medios masivos de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, entre otros, a los efectos de concientizar a la población en general respecto a la importancia de la correcta implementación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su enfoque de derechos humanos”.

El proyecto, de autoría de la Diputada Carolina Gaillard, cuenta con el acompañamiento de más de treinta diputados del bloque Unión por la Patria, entre los cuales se encuentran los diputados German Martínez, Daniel Gollan, Gustavo Bordet, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Marcela Passo, Carlos Castagneto, Sabrina Selva, Tomás Ledesma, Jorge Neri Araujo Hernández, Micaela Moran, Eduardo Valdez, Sergio Palazzo, Ana Maria Ianni, Juan Manuel Pedrini, Andrea Freytes, Carlos Aníbal Cisneros, entre otros.