Aunque no se han revelado detalles sobre el progreso de la investigación, se informó que la fiscalía ha ordenado diversas medidas de prueba, incluida la requisa del teléfono del asesor contratado, Ignacio Caprarulo.

Esta causa no sólo examina la contratación “ad honorem” de Caprarulo realizada por el actual intendente, Francisco Azcué, y posteriormente anulada, sino también los contratos establecidos durante la gestión municipal anterior, liderada por el exintendente y actual diputado provincial, Enrique Tomás Cresto.

Los abogados defensores de Cresto, María de los Ángeles Petit y Matías Lladós, han presentado un planteo recusatorio contra José Arias, citando antecedentes de 2019 que llevaron a apartar al fiscal en otra causa en la que Cresto fue imputado y que luego fue archivada.

Este planteo de recusación también acusa a Arias de violar las garantías constitucionales del exintendente y de mostrar una marcada posición ideológica que podría afectar su imparcialidad en la investigación.

Según Petit y Lladós, las sentencias de 2019 que apartaron a Arias de una causa anterior marcaron jurisprudencia al reconocer que la competencia para analizar las recusaciones recae en el Juez de Garantías en primera instancia, no en el Procurador General, como sostienen los fiscales. Esto subraya la necesidad de revisar la Ley del Ministerio Público Fiscal para evitar la apertura de causas infundadas.          

Caminal camino a la Justicia

Los abogados de Cresto anunciaron planes para demandar al jefe de Gabinete, Eduardo Caminal, por daños y perjuicios, argumentando que las continuas declaraciones públicas de denuncias e investigaciones sobre la ex gestión, en la que Cresto era el representante legal, lo han atacado y agraviado directamente.
“Hemos llegado al límite de tolerancia ante los ataques verbales de Caminal. Si bien emite acusaciones y siembra dudas y sospechas, estas no van más allá de titulares en los diarios”, expresaron.

“Ya ha transcurrido un tiempo prudencial para que la nueva gestión asuma plenamente su rol y se dedique a gobernar, atendiendo las necesidades de los vecinos y cumpliendo con sus responsabilidades. Es hora de poner fin a la caza de brujas contra los exfuncionarios políticos y a las persecuciones contra el personal municipal”, agregaron.

En cuanto a los objetivos de Cresto, los abogados explicaron que buscan una indemnización por los daños sufridos en su imagen y en la gestión municipal durante el período 2015-2023.

Esta suma se destinará a instituciones de Concordia para que puedan continuar brindando servicios y apoyo social a los sectores más vulnerables, que actualmente se sienten abandonados por la política vigente.