Avila calificó la decisión como “un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos”, señalando que el uso de expresiones discriminatorias en normativas oficiales atenta contra años de avances legislativos en favor de la inclusión y el respeto a las personas con discapacidad.

La legisladora recordó que Argentina ha ratificado tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y cuenta con leyes nacionales que protegen los derechos de este sector de la población.

El proyecto destaca que la resolución afectaría a más de 40.000 personas en Entre Ríos y sus familias, vulnerando su dignidad y generando un posible retroceso en su reconocimiento social y acceso a derechos. 
Además, resalta que la reincorporación de términos estigmatizantes contradice las políticas provinciales y nacionales de promoción del uso correcto del lenguaje inclusivo en relación con la discapacidad.

Desde la Cámara de Diputados entrerriana se reitera el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y se exige la inmediata rectificación de la normativa por parte del Gobierno Nacional.