ANÁLISIS viene dando cuenta, en distintas crónicas, de las numerosas recusaciones y denuncias que impactan contra jueces y fiscales. El bombardeo viene del lado de los políticos investigados. Una nueva estrategia de defensa que, hasta hace un tiempo, era desconocida en el acontecer diario de los tribunales entrerrianos.  
–No sé cómo sigue esto. Es la primera vez que me pasa ¿Qué temperamento puede adoptar el juez en una situación así? Esto no está regulado –dijo el fiscal Gonzalo Badano.
La última actividad tras la suspensión de la remisión a juicio en la causa Urribarri-Cardona Herreros fue hace unas dos semanas, cuando se oralizó la recusación de los defensores contra el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Santiago Brugo, que debe resolver la recusación contra el juez de Garantías (subrogante), Julián Vergara. Esa instancia ocurrió ante un tribunal integrado por Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo. Fue el 8 de mayo pasado. Unos días después Labriola, Grippo y Cotorruelo rechazaron el planteo de los defensores contra Brugo. Entonces los abogados quisieron continuar el reclamo en la Cámara de Casación Penal. Pero les cerraron esa puerta.
Este miércoles a las 10, estaba agendada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) una instancia en el salón 1 de los tribunales paranaenses, en planta baja del edificio. El objetivo era discutir la recusación que presentaron contra el juez de Garantías Vergara, que estuvo dirigiendo la remisión a juicio de la causa desde febrero hasta abril, cuando el proceso quedó en suspensión. Ninguno de los abogados se presentó. Tampoco mandaron un justificativo.
Minutos antes, en el pasillo frente a la sala donde estaba prevista la audiencia, estuvo el defensor Gaspar Reca (representante del imputado Miguel Ulrich). Sin embargo, no ingresó al salón.   
Otros abogados que intervienen en el proceso son Miguel Ángel Cullen, Juan Antonio Méndez, Candelario Pérez, José Velázquez, Ignacio Díaz, Guillermo Smaldone, Franco Azziani Cánepa y Leopoldo Lambruschini.

“Algo rarísimo”
El abogado Miguel Cullen, defensor del exgobernador Sergio Urribarri, calificó la situación como “algo rarísimo”. “Presenté la Casación porque me rechazaron la recusación contra Brugo. Recién este miércoles, 20 minutos antes de la audiencia, declararon inadmisible la Casación. Me notificaron por mail antes de la audiencia. Como los días previos no se resolvía la Casación, la designación de Brugo seguía cuestionada. El Código dice que mientras los recursos están en trámite, se suspenden las actuaciones procesales. Hasta ayer di por suspendida la audiencia de hoy. Pero unos minutos antes, la OGA me informó que se declaró la inadmisibilidad de Casación. Incluso, la fecha de resolución de Casación es 22 de mayo, es hoy”, afirmó.
El defensor sostuvo que hará “un escrito” para explicar la situación a la OGA. “Mientras están los trámites en curso, se deben suspender los actos procesales porque si no, se torna abstracto ¿Qué sentido tiene hacer una audiencia ante un juez que posiblemente no pueda seguir interviniendo? Lo voy a explicar. Ha sido una desinteligencia. No sé si fijarán una nueva audiencia o resolverán y seguiremos apelando hasta que alguien nos escuche. Pero esto fue una cosa que nos excede”, manifestó y añadió: “Técnicamente, todo el día de hoy es día de notificación. La audiencia no se puede hacer el mismo día que se notifica, salvo que haya habilitación de día y hora, cosa que no hay”.

Así de reglamentario como se lee
Hasta lo que se conoció públicamente como “megajuicio por corrupción”, las defensas apuntaron a las investigaciones. Los cuestionamientos gruesos y las estrategias de los abogados se centraron en desmenuzar las pesquisas para atacarlas. Las cosas cambiaron el último tiempo. Ahora no sólo se apunta a las investigaciones, también se ataca la honorabilidad de las personas que investigan y/o permiten el desarrollo de las causas. Y, por si fuera poco, se usan hasta las comas de los reglamentos para desviar las discusiones.

Investigación
El traspié se dio en la suspendida remisión a juicio de la causa conocida públicamente como “coimas” o “Urribarri- Cardona Herreros”, por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los imputados que dieron nombre al legajo son el exgobernador Urribarri y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros. En el banquillo están además los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.
Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.
Según la investigación fiscal, Cardona Herreros, además de ser el titular de la empresa adjudicataria de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de la empresa a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.
Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. En efecto, sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.
La audiencia de remisión a juicio quedó suspendida en abril, cuando los defensores recusaron al juez Vergara, que estaba controlando el proceso.(I:Analisis)