Volvieron a presentar el proyecto de nueva Ley de Sida
Los enfermos de SIDA o hepatitis B o C se podrán jubilar a los 50 años. Desde los 18 años, acreditando el diagnóstico, se podrá gozar de una pensión no contributiva vitalicia equivalente al 70% del salario mínimo.
La pensión no contributiva sería compatible con otros programas sociales.
Horas después de abrirse el nuevo período parlamentario, Carolina Gaillard (FdT, E.Ríos) volvió a presentar el proyecto de nueva Ley de SIDA que había perdido estado parlamentario. Su tratamiento estaba previsto en el temario de las frustradas sesiones extraordinarias.
Algunas de las previsiones de la iniciativa son:
Se declararía de �Sinterés público nacional⬝ la respuesta integral e intersectorial a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Es decir, �Slos medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura⬝ �Sserán de acceso universal, oportuno y gratuito⬝, en el ámbito público y en el privado.
Las personas con VIH y hepatitis B o C podrán jubilarse (tanto hombres como mujeres) con 50 años de edad y 20 de aportes.
Desde los 18 años los argentinos -o extranjeros con 5 años de residencia- con �Svulnerabilidad social⬝, que acrediten el diagnóstico, podrán gozar de una pensión no contributiva vitalicia equivalente al 70% del haber mínimo. Esta pensión sería compatible con otros beneficios sociales.
Se prevé la creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, integrada por funcionarios y miembros de organizaciones que trabajan en la temática.
También la de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales e ITS en la órbita del INADI para �Svisibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas⬝.
Se establece un régimen de sanciones por incumplimiento de esta ley para los agentes del servicio de salud -pública, de obras sociales y de prepagas- que contempla las siguientes penalidades:
1) Apercibimiento,
2) Multas de 10 a 100 salarios mínimo, vital y móvil,
3) Intervención y
4) Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Obras sociales.
El proyecto de Gaillard, fue acompañado inicialmente por los diputados Daniel Gollán (FdT, BsAs), Cecilia Moreau (FdT, BsAs), Gabriela Estévez (FdT, Cba), Maximiliano Ferraro (CC, Ciudad de BsAs), Silvia Lospennato (PRO, BsAs), Myriam Bregman (FIT, Ciudad de BsAs), Leonardo Grosso (FdT, BsAs), Gabriela Lena (UCR, E.Ríos), Mara Brawer (FdT, Ciudad de BsAs), Mónica Macha (FdT, BsAs), Blanca Osuna (FdT, E.Ríos), Romina Del Pla (FIT, BsAs), Nicolás Del Caño (FIT, BsAs) y Enrique Estévez (PS, Sta.Fe).